El castellano será lengua vehicular de la enseñanza en toda España, gracias a UPyD
- El PP acepta una enmienda de UPyD a la Ley Wert que explicita el derecho a recibir enseñanza en castellano en todo el Estado
- El silencio administrativo permitirá a los padres recurrir a la enseñanza privada
La reforma educativa dirá explícitamente que «el
castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las
lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades
autónomas, de acuerdo con sus estatutos». Así lo establece una enmienda de UPyD
que el Grupo Parlamentario Popular tiene intención de incorporar al
proyecto de la Lomce y que clarifica la cuestión lingüística en la ley,
con un redactado más concreto que los anteriores.
Además, otra
enmienda del PP permitirá que el silencio administrativo active el
mecanismo por el que los padres pueden recurrir a la enseñanza privada
en castellano costeada por las comunidades autónomas, si no se les
ofrece un colegio público o concertado de estas características.
PSOE,
CiU, PNV e IU arremetieron ayer contra una norma que, en su opinión,
supone una «transgresión» de las competencias autonómicas y una
«alteración» del sistema lingüístico.
En las distintas versiones
que han dado lugar al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa
(Lomce) que actualmente se tramita en el Congreso, el equipo del
ministro José Ignacio Wert ha ido perfilando poco a poco la cuestión
lingüística, una de las más polémicas de toda la reforma. Ahora, una enmienda del PP y otra de UPyD dan un paso más para garantizar el derecho a aprender en español en todo el Estado.
Hasta
la fecha, el carácter vehicular del castellano al que obligan el
Tribunal Constitucional y el Supremo aparecía de forma indirecta hacia
la mitad de la disposición adicional 38º, en la parte que obligaba al
Gobierno autonómico especialmente el catalán, que es el que se resiste a
hacerlo a «garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular» y, si no lo hacía, a pagar colegios privados a los padres que así lo pidiesen.
Esta
redacción se mantiene tal cual, pero se añadirá una frase nueva que
explícitamente, y de forma general, dice que «el castellano es lengua
vehicular en todo el Estado» como lo son las lenguas cooficiales. Y se
hará al principio de toda la disposición, a modo de declaración de
intenciones, justo por delante de un párrafo más genérico que señala que
«las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
El
diputado del PP Eugenio Nasarre anunció ayer en la Comisión de
Educación del Congreso, donde comenzaron a debatirse las cerca de 800
enmiendas a la Lomce, su deseo de «aceptar» la número 240, de UPyD, un
partido que siempre ha defendido que el texto del Gobierno se quedaba corto.
También lo había hecho notar el Consejo Escolar del Estado, que pidió a
Wert que redactara mejor lo relativo a la cuestión lingüística. «El
texto debería perseguir que las comunidades garanticen la enseñanza en
las dos lenguas», planteó su dictamen.
En sus otras enmiendas,
UPyD va más lejos que el Gobierno y propone fijar una proporción mínima
«del 40% de los periodos lectivos impartidos en cada lengua»,
pero el Ministerio es reacio a poner porcentajes: sostiene que son las
comunidades las que deben determinar «la proporción razonable» en la que
se enseña en una y otra lengua.
Así que el PP, de momento, sólo
ha escogido la enmienda 240. Y ha propuesto, por su parte, que, si hay
silencio administrativo es previsible que así actúe Cataluña, los padres
puedan ponerse automáticamente a buscar plaza en el centro privado de
su elección para satisfacer su derecho a que el español sea lengua
vehicular de la enseñanza de sus hijos.
Nasarre argumentó ayer
que, hasta ahora, el uso de las lenguas se ha guiado por normas
autonómicas que «no sólo no garantizan suficientemente que el castellano
sea lengua vehicular, sino que incluso lo impiden». «La Lomce es
legítima constitucionalmente y es pertinente, aunque sea tardía»,
defendió. Y se remontó a los tiempos de la Constitución de 1931, cuyo
artículo 50 impuso «el obligatorio estudio de la lengua castellana, a
propuesta de los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo
Caballero». «Ojalá los socialistas de ahora mantuvieran una posición
similar», aventuró.
Porque el PSOE ha hecho piña con la oposición
salvo UPyD, Foro y UPN y ayer, todos a una, denunciaron que la Lomce
«conlleva una clara transgresión de las competencias de las comunidades
autónomas, llegando incluso a la alteración del sistema lingüístico
educativo».
El PSOE pide que se suprima la disposición adicional
38º y sus argumentos son parecidos a los que utilizan los nacionalistas.
«Estamos ante la ley educativa más recentralizadora desde el
franquismo», afirmó el diputado Germán Rodríguez, que defendió que «no
existe ningún problema con la inmersión vigente».
El PP insiste
en que su modelo de «bilingüismo integrador» es «enriquecedor» y «no
agrede a nadie», pero Martí Barberà (CiU) lo definió como un «ataque al
modelo educativo catalán y a su sistema de inmersión lingüístico».
Isabel Sánchez Robles (PNV) también criticó lo que considera un «abuso
competencial» de «perverso efecto jacobino contaminante».
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Mientras tanto, UPyD llegaba a un acuerdo con el PP para enmendar la Ley Wert y que el castellano pase a ser considerada lengua vehicular para la enseñanza en toda España.
Con iniciativas como ésta - en defensa de la libertad y de la igualdad -
o como la de los libros de texto gratuitos, es como el partido magenta
entiende su función de servicio y representación a los ciudadanos.
Y no buscando excusas, ausentándose de los plenos o presentando
iniciativas sectarias y perjudiciales para el conjunto de los españoles.
Convendría que lo tuvieran en cuenta los socialistas asturianos cuando
arriesgan el pacto de gobernabilidad amagando con incumplir su compromiso de reformar la Ley Electoral.



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