UPyD gana las elecciones de la transparencia
El partido de Rosa Díez tendría hoy el mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados si los votos se concediesen en función del cumplimiento de los indicadores de transparencia. Por detrás, pero a muy corta distancia, le seguiría los pasos la coalición de Izquierda Unida y Compromís-Equo. Así al menos se desprende del hipotético hemiciclo dibujado por la Fundación Compromiso y Transparencia en
su segundo informe anual sobre la transparencia de las webs de los
partidos políticos, que evidencia cómo estas formaciones apenas han
avanzado en transparencia durante el último año y siguen siendo uno de
los sectores más opacos de la sociedad.
Ley de transparencia
mediante, la realidad pone de manifiesto que las formaciones políticas y
sus fundaciones afines tendrán que dar pasos de gigante para acogerse a
los principios básicos de la futura norma que ahora se debate en la
Cámara Baja. De momento, un examen a la información que suministran a
través de sus portales en internet evidencia un suspenso generalizado para casi todos ellos. Ninguno ofrece datos sobre el número real de afiliados y simpatizantes que tienen, sólo cuatro de los 18 que se sientan en las Cortes proporcionan información económica sobre el origen y el destino de sus fondos y ninguno somete sus cuentas a la evaluación de un auditor externo,
pese a que algunas formaciones, como el Partido Popular, han asumido
ese principio como un compromiso en su código de buenas prácticas y buen
gobierno.
Los datos de la evaluación los ha recopilado la Fundación Compromiso y Transparencia en su segundo informe anual, financiado en parte a donaciones ciudadanas recolectadas a través de crowfunding, y en el que, por primera vez y a raíz de casos polémicos como el que salpicó al PSOE a través de la falsa Amy Martin,
han incluido también las webs de las fundaciones políticas, ámbito en
el que la falta de información es aún mayor. De hecho, de las 26
fundaciones analizadas, únicamente una (la FAES que preside José María Aznar) proporciona información económica sobre sus estados financieros y la auditoría externa.
“De nada sirve modificar las leyes si luego no se establecen mecanismos para su cumplimiento”, explica Javier Martín Cavana,
autor del estudio. “No hay, ni puede haber, excusas para permitir que
los órganos de gobierno de los partidos mantengan los actuales niveles
de opacidad”. En su informe, Martín critica también que el presidente
del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, haya
exonerado a los partidos de someter sus cuentas a una auditoría
externa. "Es un disparate de una magnitud enorme. Todo lo que sea
reforzar el control es mucho mejor, máxime si esas declaraciones vienen
precedidas de un retraso de siete años por parte del Tribunal para
auditar las cuentas de los partidos, que es injustificable", explica.
Aunque
en el último año ha habido tímidos avances en cuestiones como la
publicación de los estatutos en las webs (el 55% lo hace), sigue
habiendo parcelas en las que los datos son un gran secreto. Por ejemplo,
el número de los afiliados, que no se puede encontrar en ninguna de
las 18 páginas analizadas. “Esta carencia, sin duda, obedece a la falta de base y apoyo social de estas organizaciones, que está experimentando un continuo descenso los últimos años, como ponen de manifiesto las encuestas”, concluye el informe.
Así las cosas, UPyD puede presumir de presentarse como el partido más abierto. Es
el único que especifica dentro de sus cuentas anuales cuál es su deuda
financiera, el nombre de las entidades con las que ha contraído el
préstamo y la situación de los pagos. El resto omite cualquier
información al respecto, datos que se muestran como especialmente
relevantes habida cuenta de que, durante años, los partidos han recibido
condonaciones millonarias por parte de las entidades financieras. La
nueva ley de financiación ha limitado esta práctica a que esas condonaciones no superen los 100.000 euros.
UPyD
es también el único que, junto a IU, Compromís y el PP -que se ha
visto forzado a hacer su propio destape presupuestario a raíz del caso Bárcenas-, tiene publicados sus estados financieros del último ejercicio 2011.
Todos ellos también, más Unión del Pueblo Navarro (UPN), son los
únicos que desglosan sus ingresos, en su gran mayoría provenientes de
fondos públicos (sólo un 14% de los ingresos totales de los partidos proceden de las cuotas de sus militantes,
según ha señalado recientemente el Tribunal de Cuentas), y especifican
la relación de gastos electorales de cada candidatura a la que se han
presentado. El resto no aporta ningún dato.
Opacidad en las fundaciones
La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos ha obligado a las fundaciones políticas a realizar una auditoría de sus cuentas anuales y hacer públicos, preferentemente en la web, el balance y la cuenta de resultados.
Además, obliga a formalizar en documento público todas las donaciones
superiores a 120.000 euros y a notificar al Tribunal de Cuentas todas
las recibidas de personas jurídicas en el pazo de tres meses.
Hasta
la fecha, sólo la FAES ha cumplido con la exigencia legal de hacer
públicos los estados financieros y realizar una auditoría de cuentas.
Para Javier Martín Carvanna, esto es especialmente importante porque “las fundaciones han servido y siguen sirviendo, en muchos casos, de instrumento para canalizar ingresos de dudoso origen
y pagar favores de difícil justificación”, explica. “El resultado del
análisis de este primer año muestra unos niveles de opacidad altísimos.
El camino que les queda por andar a las fundaciones políticas para
acercarse a estándares de transparencia mínimamente aceptables es de muy
largo recorrido”.
Para empezar, el 40% de las fundaciones de los partidos con presencia en el Congreso ni siquiera tienen página web. Ninguna tiene tampoco un código de buen gobierno. “Este
tema resulta especialmente grave, teniendo en cuenta algunos
escándalos recientes que han salpicado a las fundaciones políticas por
no contar con los mecanismos de gobierno y control interno mínimos”,
añade el informe.
En sus conclusiones, la Fundación Compromiso y
Transparencia destaca que el área más opaca de los partidos es la
relativa a la información sobre el cumplimiento de los programas
electorales. Ninguna formación publica en su página web un informe que
rinda cuentas de la gestión y los resultados alcanzados. Asimismo, el
estudio recomienda que la información de las webs esté actualizada al
último año de cierre legal, pues, de lo contrario, no se puede hablar
de transparencia. Por último, aconseja a los partidos que incluyan
enlaces directos a los informes de su gestión realizados por el
Tribunal de Cuentas y a las declaraciones de bienes y rentas de todos
cargos electos en el Congreso de los Diputados.
El Confidencial: UPyD gana las elecciones de la transparencia, seguida muy de cerca por IU
El Confidencial: UPyD gana las elecciones de la transparencia, seguida muy de cerca por IU
Contrato único indefinido, una esperanza contra el paro
No tiene sentido insistir en la dramática anomalía que es el paro en España. Baste recordar que es, sin duda, la peor expresión del gran fracaso de la política desde la Transición.
Lo demuestran las cifras, incomprensibles desde cualquier estándar
europeo. Pero lo demuestra aún más el hecho de que después de 30 años
sigan existiendo tabúes en cuanto al marco laboral. Si en algo
debiéramos asistir a un debate abierto y desprejuiciado es en el
problema del desempleo. Sin embargo, todavía tienen que venir de fuera
(ahora ha sido la Comisión Europea) a recordarnos que existe la opción del contrato único indefinido. Ésta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia, la que llevaba en su programa electoral de 2011 y la que defendió durante los debates de las dos últimas reformas laborales: la socialista de 2010 y la del PP en 2012. Desde luego, no es una idea original de UPyD, sino que responde a un amplio consenso entre los economistas del que los partidos no han querido ser partícipes. Tras décadas de gobiernos, reformas y convenios, el mercado laboral español sigue siendo dual y precario. Frente a un grupo de trabajadores que tenían casi asegurado su puesto gracias a su antigüedad y a la cuantía de su indemnización por despido improcedente, una gran masa de ciudadanos, entre ellos los más jóvenes, encadenaban contratos temporales con bajos salarios, escasos derechos y alta precariedad. Los gobiernos españoles, que tienen la obligación de velar por todos los españoles, pero en especial por los más débiles, han mantenido por motivos electorales esta evidente discriminación con los resultados ahora visibles. Las últimas reformas han debilitado la posición de los indefinidos al abaratar el despido, pero no han hecho nada por los eventuales ni por los parados.
El contrato único indefinido que propone UPyD contempla una indemnización creciente que comenzaría en 12 días por año trabajado (mayor, por tanto, que la que ahora reciben los trabajadores eventuales) que se iría incrementando a razón de dos días por año hasta alcanzar los 34 días para despidos improcedentes. Además, para afrontar una posible indemnización, la empresa iría dotando poco a poco un fondo que el trabajador podría llevarse a otra compañía en caso de que decidiera cambiar. Veamos cuáles son las ventajas de este sistema.
Por una parte, todos los contratos son indefinidos desde el inicio. Se evita el actual salto de riesgo que supone para una empresa convertir a un trabajador eventual en fijo. Actualmente se pasa de una indemnización muy baja a una muy alta. Las empresas son reacias por este motivo a dar el paso, ya que si les va mal en el futuro los costes del despido podrían ser un lastre difícil de superar. La indemnización creciente elimina ese salto, haciendo más atractiva la contratación.
El sistema de indemnización 'portátil' (el modelo austríaco) supone un pequeño coste para la empresa, pero a cambio le evita de nuevo tener que afrontar un gran pago en caso de despido. Y tiene una gran ventaja para el trabajador: al cambiar de empresa no renuncia a esa indemnización, sino que se la lleva con él. Esto, además, puede ser muy bueno para la economía en su conjunto, al favorecer la movilidad de los trabajadores.
El contrato único indefinido favorece una relación más estrecha entre empresa y trabajador. A un eventual, la compañía no suele ofrecerle formación, porque hoy está pero mañana vendrá otro. En cambio, cuando el empleado va a estar por tiempo indefinido, a ambas partes les interesa aumentar los conocimientos y habilidades.
El actual marco laboral español es caótico. Está repleto de tipos de contratos, de bonificaciones, de casos particulares. Las empresas gastan fortunas en gestorías para que les ayuden a desbrozar el camino. Las últimas reformas han creado nuevas formas de contratación, en general precarias. UPyD propone reservar los contratos temporales para actividades muy concretas y muy bien tasadas, dándoles un carácter excepcional. El contrato único indefinido aportaría claridad y seguridad jurídica. Dos bienes escasos en España, por desgracia.
La ministra de empleo, Fátima Báñez, se ha opuesto en reiteradas ocasiones al contrato único indefinido alegando que es inconstitucional. Lo que no consta es que haya argumentado en algún momento su afirmación. Como han explicado los expertos, no hay nada en la Constitución que la justifique. De hecho, su compañero de gabinete, Luis de Guindos, era un firme partidario de esta reforma laboral antes de acatar dócilmente las instrucciones de Mariano Rajoy.
El marco laboral español es un inmenso fracaso. Con un paro por encima del 27% es inadmisible que el presidente despache la cuestión diciendo que en el Gobierno están "muy satisfechos" con la reforma laboral.
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