Hay
quien cree que las diferencias de renta, de estatus social, de acceso a
la cultura o de reconocimiento público se deben simplemente a
cuestiones de mérito. O dicho sin eufemismos: que los pobres lo son
porque se lo merecen. Esto es falso. Las sociedades predemocráticas eran
refractarias a la igualdad, tanto ante la ley como de oportunidades.
Cuando la democracia y el Estado de Derecho establecieron la (todavía
hoy imperfecta) igualdad ante la ley, no desapareció la desigualdad de
oportunidades. La educación pública ha sido el más importante instrumento político para
erradicar este mal que condenaba a los más desfavorecidos a repetir el
destino de sus padres y de sus abuelos. Por eso la educación se ha visto
como lo que es: una herramienta igualitaria.
Sin embargo, de esta visión se han derivado algunos errores. Por ejemplo, creer que igualdad de oportunidades significa igualdad de resultados. Los sistemas educativos españoles han tendido, como señala diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, a consagrar la mediocridad frente al mérito. No se ha premiado suficientemente a los alumnos con mayor potencial, se ha promocionado de forma automática a alumnos que no tenían los conocimientos suficientes, y se ha demonizado la posibilidad de dar una atención diferenciada a los estudiantes con más problemas, creyendo que de esta forma se les estigmatizaba. Esto ha perjudicado a los alumnos con mejores resultados, pero también a los que arrastraban un mayor retraso. Para colmo, los poderes públicos han favorecido una visión de la formación profesional como una alternativa para fracasados, en lugar de una vía perfectamente digna y en conexión con el bachillerato.
Junto a estos problemas, España adoptó como método pedagógico el llamado comprensivo-constructivista, cuyo lema es "aprender a aprender". Es decir, que favorece el desarrollo de determinadas habilidades frente a la adquisición de conocimientos. Este método se basa en la falacia de la tabla rasa, ampliamente desacreditada por la psicología cognitiva y por las neurociencias, y supone que los niños deben aprender cosas que, de hecho, saben de forma innata. En cambio, el método ralentiza el aprendizaje de competencias básicas como la lectura-escritura. Esto resulta especialmente perjudicial en la primaria, que es la fase educativa a la que menor atención prestan las autoridades, y sin embargo aquella en la que se ponen las bases del aprendizaje posterior. El método comprensivo-constructivista tuvo gran aceptación en todo el mundo, pero ha sido revisado a fondo en los países con mayor éxito educativo.
Otro elemento esencial para lograr la igualdad de oportunidades entre los españoles es el Estado de las Autonomías, o así lo ha dicho siempre el tópico oficial. Nuestro modelo territorial ha pasado durante años por ser el gran causante del desarrollo económico y social, beneficiando sobre todo a las regiones más pobres. Si esto se ha demostrado radicalmente falso en lo económico - hasta el punto de que ya nadie lo sostiene -, no es más cierto en el ámbito de la educación. El consenso que los partidos políticos tradicionales no han logrado en materia educativa, sí que lo han mantenido respecto al Estado autonómico. Las competencias y los hechos diferenciales del nacionalismo han sido las auténticas prioridades políticas, y no la educación. Sólo así se explica que a día de hoy se mantengan antiguos patrones en los resultados de aprendizaje entre las Comunidades Autónomas que han hecho perdurar las ancestrales desigualdades territoriales. Por eso, UPyD pide la devolución de las competencias al Estado.
Pues bien, como ha explicado Gorriarán, ninguno de estos problemas de fondo son abordados de forma suficiente por el Gobierno en su reforma educativa. Una reforma que tiene aspectos positivos (como la mayor autonomía que se da a los centros, o nuevos mecanismos de evaluación), pero que parece pensada para no molestar demasiado. Cosa que, de todas formas, tampoco va a conseguir. De nuevo se va a aprobar, salvo imprevistos, una ley educativa que será sustituida con posterioridad al calor de nuevas mayorías parlamentarias. Precisamente, una de las peticiones de UPyD es crear la posibilidad de mejoras parciales y puntuales que no obliguen a elaborar nuevas leyes en cada ocasión. Lo más deseable, sin embargo, sería un consenso.
Urge que la educación deje de ser un campo de batalla ideológico donde se dirimen diferentes visiones del mundo, a pesar de que, si se evitan las anteojeras ideológicas, existe un amplio consenso entre los expertos del sector sobre las mejoras a practicar. No es que las diferentes leyes nos hayan hundido en la miseria educativa, como a veces se quiere hacer creer. El drama es que, mientras ha habido un acuerdo para no tocar estructuras institucionales como el modelo de Estado, los partidos no han sido capaces de reproducir el mencionado consenso profesional. De este modo, la igualdad que debía garantizar la educación se ha convertido en mediocridad y ha chocado con ciertos intereses políticos.
También en educación España choca contra el muro del bipartidismo, que impone sus prioridades a las de los ciudadanos. Para romper ese muro existe Unión Progreso y Democracia.
Enlace de interés:Reforma de la educación: Acto de Carlos M. Gorriarán en Madrid el jueves 23 de mayo a las 19:30h.
Sin embargo, de esta visión se han derivado algunos errores. Por ejemplo, creer que igualdad de oportunidades significa igualdad de resultados. Los sistemas educativos españoles han tendido, como señala diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, a consagrar la mediocridad frente al mérito. No se ha premiado suficientemente a los alumnos con mayor potencial, se ha promocionado de forma automática a alumnos que no tenían los conocimientos suficientes, y se ha demonizado la posibilidad de dar una atención diferenciada a los estudiantes con más problemas, creyendo que de esta forma se les estigmatizaba. Esto ha perjudicado a los alumnos con mejores resultados, pero también a los que arrastraban un mayor retraso. Para colmo, los poderes públicos han favorecido una visión de la formación profesional como una alternativa para fracasados, en lugar de una vía perfectamente digna y en conexión con el bachillerato.
Junto a estos problemas, España adoptó como método pedagógico el llamado comprensivo-constructivista, cuyo lema es "aprender a aprender". Es decir, que favorece el desarrollo de determinadas habilidades frente a la adquisición de conocimientos. Este método se basa en la falacia de la tabla rasa, ampliamente desacreditada por la psicología cognitiva y por las neurociencias, y supone que los niños deben aprender cosas que, de hecho, saben de forma innata. En cambio, el método ralentiza el aprendizaje de competencias básicas como la lectura-escritura. Esto resulta especialmente perjudicial en la primaria, que es la fase educativa a la que menor atención prestan las autoridades, y sin embargo aquella en la que se ponen las bases del aprendizaje posterior. El método comprensivo-constructivista tuvo gran aceptación en todo el mundo, pero ha sido revisado a fondo en los países con mayor éxito educativo.
Otro elemento esencial para lograr la igualdad de oportunidades entre los españoles es el Estado de las Autonomías, o así lo ha dicho siempre el tópico oficial. Nuestro modelo territorial ha pasado durante años por ser el gran causante del desarrollo económico y social, beneficiando sobre todo a las regiones más pobres. Si esto se ha demostrado radicalmente falso en lo económico - hasta el punto de que ya nadie lo sostiene -, no es más cierto en el ámbito de la educación. El consenso que los partidos políticos tradicionales no han logrado en materia educativa, sí que lo han mantenido respecto al Estado autonómico. Las competencias y los hechos diferenciales del nacionalismo han sido las auténticas prioridades políticas, y no la educación. Sólo así se explica que a día de hoy se mantengan antiguos patrones en los resultados de aprendizaje entre las Comunidades Autónomas que han hecho perdurar las ancestrales desigualdades territoriales. Por eso, UPyD pide la devolución de las competencias al Estado.
Pues bien, como ha explicado Gorriarán, ninguno de estos problemas de fondo son abordados de forma suficiente por el Gobierno en su reforma educativa. Una reforma que tiene aspectos positivos (como la mayor autonomía que se da a los centros, o nuevos mecanismos de evaluación), pero que parece pensada para no molestar demasiado. Cosa que, de todas formas, tampoco va a conseguir. De nuevo se va a aprobar, salvo imprevistos, una ley educativa que será sustituida con posterioridad al calor de nuevas mayorías parlamentarias. Precisamente, una de las peticiones de UPyD es crear la posibilidad de mejoras parciales y puntuales que no obliguen a elaborar nuevas leyes en cada ocasión. Lo más deseable, sin embargo, sería un consenso.
Urge que la educación deje de ser un campo de batalla ideológico donde se dirimen diferentes visiones del mundo, a pesar de que, si se evitan las anteojeras ideológicas, existe un amplio consenso entre los expertos del sector sobre las mejoras a practicar. No es que las diferentes leyes nos hayan hundido en la miseria educativa, como a veces se quiere hacer creer. El drama es que, mientras ha habido un acuerdo para no tocar estructuras institucionales como el modelo de Estado, los partidos no han sido capaces de reproducir el mencionado consenso profesional. De este modo, la igualdad que debía garantizar la educación se ha convertido en mediocridad y ha chocado con ciertos intereses políticos.
También en educación España choca contra el muro del bipartidismo, que impone sus prioridades a las de los ciudadanos. Para romper ese muro existe Unión Progreso y Democracia.
Enlace de interés:Reforma de la educación: Acto de Carlos M. Gorriarán en Madrid el jueves 23 de mayo a las 19:30h.
"Privar a un niño de una educación en lengua matera es un atentado contra sus derechos"
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