Soluciones realistas para los desahucios.
Cuando
llegamos a una situación como la actual, en la que tantos ciudadanos
están perdiendo su vivienda por no poder pagar los créditos con los que
la adquirieron, no debemos olvidar la larga cadena de fracasos
que nos ha traído hasta aquí: existe una crisis económica
internacional, agravada por factores políticos específicamente
españoles; un mercado laboral catastrófico que
arroja un saldo de seis millones de parados; y una ley hipotecaria que
ha favorecido una burbuja inmobiliaria y que ahora no deja alternativa a
las personas sobreendeudadas.
Así que, para solucionar el problema, será necesario acometer grandes reformas. Pero las más inmediatas son las que se refieren al sobreendeudamiento. Como volvió a explicar ayer en el Congreso el diputado de Unión Progreso y Democracia Carlos Martínez Gorriarán, lo que diferencia a España de otros países en este asunto es que no existe una segunda oportunidad para quienes, por sus propios errores o por las circunstancias, se ven atrapados en una deuda que no pueden pagar. Desde que presentó a principios del año pasado su Proposición de Ley al respecto (aunque ya en 2008 defendió iniciativas relacionadas), UPyD pide que se regule la segunda oportunidad a través de la Ley Concursal. Que ocurra con las personas físicas lo mismo que con las jurídicas: que puedan llegar a acuerdos con los acreedores que permitan a éstos cobrar una parte y al deudor volver a emprender una actividad económica.
Como algunos están recordando, la dación en pago ya está contemplada en la Ley Hipotecaria como una forma de limitar la responsabilidad en el caso de las hipotecas. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuánta gente lo sabía? Prácticamente nadie, porque los bancos no ofrecen este tipo de producto. La propuesta de UPyD no obliga a que todas las hipotecas que se firmen contemplen la dación en pago, pero sí a que los bancos tengan que ofrecerlas, de modo que el cliente pueda elegir si quiere una u otra.
Se dice que las hipotecas de responsabilidad limitada serían más caras que las de responsabilidad ilimitada. Bien, esto es así, pero de este modo el futuro deudor podrá elegir si pagar más y cubrirse en caso de que las cosas le vayan mal o pagar menos confiando en que no tendrá grandes problemas. En todo caso, un encarecimiento de las hipotecas, e incluso una reducción del número de las que se ofrecen puede tener efectos beneficiosos para la economía. El sistema anterior, tan barato y sencillo, generó una burbuja inmobiliaria y llevó a los bancos a concentrarse en el sector de la construcción dejando de lado inversiones que podían ser más productivas. Además, puede esperarse que un encarecimiento de las hipotecas produzca un descenso en el precio de las viviendas, por lo que un efecto podría contrarrestar otro.
No hay soluciones mágicas, ni para los desahucios ni para nada. Ayer, UPyD votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular a la que se había sumado la Plataforma Anti Desahucios, por entender que este tipo de acciones merecen al menos la consideración de un debate en profundidad. Sin embargo, la ILP aprobada propone que la dación en pago se aplique con efectos retroactivos, algo que rechaza de plano UPyD. Por solucionar un problema de aquí y de ahora no podemos jugarnos el futuro. La seguridad jurídica ha sido pisoteada muchas veces en España y no podemos permitirnos hacerlo una vez más. Una medida como ésta pondría en peligro el mercado hipotecario y el sistema financiero.
Es natural indignarse por el trato de favor que han recibido muchos bancos y cajas, rescatados de su mala gestión con dinero público. Lo que no se justifica es llamar criminal a un representante del sector que comparece en la sede de la soberanía popular para explicar su posición (nos guste ésta o no). Lo que no se justifica es el envío de cartas amenazantes a los grupos parlamentarios exigiendo que no se toque ni una coma de la ILP y haciéndoles responsables de los suicidios vinculados a desahucios. Lo que no se justifica es amenazar con pegar carteles con las caras de los diputados que se opongan a la medida. Lo que no se justifica es exigir que una iniciativa con casi un millón y medio de firmas tenga que ser aceptada íntegramente como si los diputados que forman la cámara no hubieran sido votados por todos los españoles. Lo que no se justifica es pretender dar lecciones de democracia sin las mínimas nociones del principio representativo.
Las leyes se reforman desde dentro de las instituciones y con exquisito respeto a las reglas democráticas, precisamente porque lo que se quiere es más democracia, no menos. Las ILP son instrumentos útiles de participación ciudadana que hay que potenciar, pero su presentación no otorga a nadie superioridad moral alguna.
Así que, para solucionar el problema, será necesario acometer grandes reformas. Pero las más inmediatas son las que se refieren al sobreendeudamiento. Como volvió a explicar ayer en el Congreso el diputado de Unión Progreso y Democracia Carlos Martínez Gorriarán, lo que diferencia a España de otros países en este asunto es que no existe una segunda oportunidad para quienes, por sus propios errores o por las circunstancias, se ven atrapados en una deuda que no pueden pagar. Desde que presentó a principios del año pasado su Proposición de Ley al respecto (aunque ya en 2008 defendió iniciativas relacionadas), UPyD pide que se regule la segunda oportunidad a través de la Ley Concursal. Que ocurra con las personas físicas lo mismo que con las jurídicas: que puedan llegar a acuerdos con los acreedores que permitan a éstos cobrar una parte y al deudor volver a emprender una actividad económica.
Como algunos están recordando, la dación en pago ya está contemplada en la Ley Hipotecaria como una forma de limitar la responsabilidad en el caso de las hipotecas. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuánta gente lo sabía? Prácticamente nadie, porque los bancos no ofrecen este tipo de producto. La propuesta de UPyD no obliga a que todas las hipotecas que se firmen contemplen la dación en pago, pero sí a que los bancos tengan que ofrecerlas, de modo que el cliente pueda elegir si quiere una u otra.
Se dice que las hipotecas de responsabilidad limitada serían más caras que las de responsabilidad ilimitada. Bien, esto es así, pero de este modo el futuro deudor podrá elegir si pagar más y cubrirse en caso de que las cosas le vayan mal o pagar menos confiando en que no tendrá grandes problemas. En todo caso, un encarecimiento de las hipotecas, e incluso una reducción del número de las que se ofrecen puede tener efectos beneficiosos para la economía. El sistema anterior, tan barato y sencillo, generó una burbuja inmobiliaria y llevó a los bancos a concentrarse en el sector de la construcción dejando de lado inversiones que podían ser más productivas. Además, puede esperarse que un encarecimiento de las hipotecas produzca un descenso en el precio de las viviendas, por lo que un efecto podría contrarrestar otro.
No hay soluciones mágicas, ni para los desahucios ni para nada. Ayer, UPyD votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular a la que se había sumado la Plataforma Anti Desahucios, por entender que este tipo de acciones merecen al menos la consideración de un debate en profundidad. Sin embargo, la ILP aprobada propone que la dación en pago se aplique con efectos retroactivos, algo que rechaza de plano UPyD. Por solucionar un problema de aquí y de ahora no podemos jugarnos el futuro. La seguridad jurídica ha sido pisoteada muchas veces en España y no podemos permitirnos hacerlo una vez más. Una medida como ésta pondría en peligro el mercado hipotecario y el sistema financiero.
Es natural indignarse por el trato de favor que han recibido muchos bancos y cajas, rescatados de su mala gestión con dinero público. Lo que no se justifica es llamar criminal a un representante del sector que comparece en la sede de la soberanía popular para explicar su posición (nos guste ésta o no). Lo que no se justifica es el envío de cartas amenazantes a los grupos parlamentarios exigiendo que no se toque ni una coma de la ILP y haciéndoles responsables de los suicidios vinculados a desahucios. Lo que no se justifica es amenazar con pegar carteles con las caras de los diputados que se opongan a la medida. Lo que no se justifica es exigir que una iniciativa con casi un millón y medio de firmas tenga que ser aceptada íntegramente como si los diputados que forman la cámara no hubieran sido votados por todos los españoles. Lo que no se justifica es pretender dar lecciones de democracia sin las mínimas nociones del principio representativo.
Las leyes se reforman desde dentro de las instituciones y con exquisito respeto a las reglas democráticas, precisamente porque lo que se quiere es más democracia, no menos. Las ILP son instrumentos útiles de participación ciudadana que hay que potenciar, pero su presentación no otorga a nadie superioridad moral alguna.
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