BOLETÍN: Sortu, el partido de ETA‏

Miénteme, por Rosa Díez.

El Tribunal Constitucional ha rematado la jugada iniciada con la legalización de Bildu y ha revocado la sentencia del Tribunal Supremo que dio por probado que Sortu es un partido político creado por ETA y al servicio de su estrategia.

Cuando ETA quiso entrar en las instituciones con el nombre de Sortu, el Tribunal Supremo recabó -y obtuvo- pruebas de su vinculación con la banda terrorista. En consecuencia, en aplicación de la Ley de Partidos y coherentemente con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sentenció que ese partido no podía concurrir a un proceso electoral que les posibilitara entrar en las instituciones democráticas. El Tribunal Supremo no olvidó a la hora de emitir su sentencia que dicha Ley tiene como objetivo evitar que los enemigos de la democracia puedan demolerla desde dentro de sus instituciones representativas; por eso decidió aplicarla en su texto y en su espíritu. Tampoco olvidó el Supremo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que lo que digan los Estatutos de un partido no es prueba suficiente para legalizarlo y , en coherencia, rechazó su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

Al no consumarse el intento de engaño – los Jueces del Supremo supieron ver la mona debajo de la seda- ETA tuvo que ponerse otro disfraz y se inventaron lo de Bildu, esa marca blanca que aderezaron con personajes provenientes de partidos legales, véase IU o EA.

También en este caso el Supremo recabó y encontró pruebas que vinculaban la nueva marca a la vieja estrategia de ETA e impidió que tuviera éxito la pretensión de Bildu de confundirse con los demócratas. Pero entonces entró en juego el Tribunal Constitucional, y sus magistrados revisaron la sentencia de los jueces y permitieron que los testaferros de ETA se sentaran en las instituciones al lado de sus víctimas.

Pero ETA no da nunca una batalla por perdida; ellos se limitan a aplicar en cada momento la táctica más adecuada para conseguir su objetivo estratégico, así que pidieron amparo al Constitucional para que la victoria fuera completa. Como son insaciables – es lo que dicen que les pasa a los animales que prueban la sangre- no les resultaba suficiente que el TC hubiera permitido que entraran en las instituciones con el envase blanco del producto; querían recuperar la marca auténtica y pensaban – diríase que sabían- que la exigencia democrática estaba de rebajas en el Tribunal Constitucional. Y a la vista está que no se equivocaron: en este caso el TC, parafraseando a Coleridge, ha suspendido de forma voluntaria la incredulidad y ha elegido la versión frente a los hechos.

Miénteme, les han dicho los magistrados del TC a los testaferros. Miénteme, para que te deje compartir mi casa. Miénteme, dime que no volverás a matar. Miénteme, dime que me quieres… Como era de esperar, quienes nunca tuvieron problema alguno para despreciar la vida de sus conciudadanos no han tenido ninguna dificultad para mentir; y los magistrados del TC han pillado al vuelo la coartada que necesitaban para permitir que la serpiente pudiera anidar entre sus víctimas.

¿Hay engaño? No, hay comunidad de intereses. Pero lo más dramático es que, tal y como señaló la sentencia del Supremo, esta decisión tendrá consecuencias peligrosas para la democracia. Aunque no las tenga para esos cinco magistrados que teniendo el deber de defenderla han preferido mancharse la toga con el polvo del camino.

Rosa Díez.
Diputada Nacional y Portavoz de Unión Progreso y Democracia.

 ¿Actuará el gobierno para sacar a ETA de las instituciones o volverá a fingir impotencia?

El Gobierno, a través del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, manifestó el miércoles su discrepancia sobre el fallo del Tribunal Constitucional que legaliza a la formación proetarra Sortu. También ha manifestado la voluntad del Ejecutivo de vigilar a la coalición para evitar que se produzca un fraude de ley. Son unas declaraciones vacías e hipócritas. Vacías porque en realidad no dicen nada. La discrepancia con la sentencia no conduce al Gobierno a ninguna conclusión. Podrían, por ejemplo, proponer un cambio en la Ley de Partidos, como propuso Rosa Díez,  portavoz y diputada de Unión Progreso y Democracia. Vacías también porque vigilar el cumplimiento de las leyes es, precisamente, la tarea principal de cualquier gobierno. E hipócritas porque cuando este último partido propuso una moción para que el Gobierno instara la ilegalización de Bildu y Amaiur (a la luz del comportamiento de estos dos partidos en las instituciones en las que estaban presentes), el PP arremetió contra Díez y su partido con una brutalidad que jamás han empleado contra nadie más.

A la vista de que el Gobierno no estaba cumpliendo con su obligación de vigilar que Bildu y Amaiur cumplieran con la legalidad, UPyD presentó una moción que recogía indicios que permitirían actuar contra ambas formaciones. La campaña que entonces emprendió el Partido Popular, personalizada en la figura de Díez, descendió a niveles abyectos. Poco después, el Gobierno ponía en marcha un plan de reinserción para terroristas que trató de vender como una fórmula para desunir a ETA, cuando en realidad constituye un trato preferente. Y hace apenas unos días se supo que dos jefes etarras se reunieron en Oslo con el prófugo Josu Ternera sin que el Gobierno pidiera su detención, a pesar de que todo apunta a que lo sabía.

En realidad, la estrategia que siguen el Gobierno y el PP en las cuestiones relacionadas con ETA es la misma que sigue con la crisis y las medidas que toma o deja de tomar: fingir impotencia. En respuesta a la moción de UPyD, el PP dijo que no se podía hacer nada para ilegalizar Bildu y Amaiur. Ahora dice que discrepa del TC, pero no propone nada. Los recortes y las subidas de impuestos son cosas que no tienen más remedio que hacer. Si hay algo más peligroso que un gobierno que cree poderlo todo es un gobierno que dice que no puede hacer nada. En el fondo, se trata de una forma sutil de autoritarismo: “la realidad nos impone lo que debemos hacer”. Por supuesto, la realidad es la que el Gobierno diga, y cualquier discrepancia (“dígalo conmigo: res-ca-te”) sólo merece desprecio o descalificación. Así, es natural que el presidente evite el control parlamentario en lo posible y suprima el Debate sobre el Estado de la Nación.