Las elecciones del 25M y el bicentenario de la Constitución de Cádiz: UPyD recordará lo que nos une
Este viernes 9 de marzo comienza la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Son dos CCAA cuyos ciudadanos llevan mucho tiempo padeciendo la desigualdad provocada por nuestro modelo de Estado, y con las que la crisis económica se ha cebado más duramente que con otras. Uno de los principales motivos por lo que esto es así, es que son dos ejemplos muy acabados de la crisis política que subyace a la económica. Andalucía, tras 30 años gobernada por el mismo partido, ha desarrollado una administración paralela a la Junta, una red clientelar formada por fundaciones, empresas públicas y todo tipo de entes inservibles para los ciudadanos en los que la corrupción se ha propagado como las enfermedades en las zonas de aguas estancadas. Asturias, a pesar de su retraso económico proverbial, está envuelta en luchas partidistas que poco tienen que ver con las necesidades de los asturianos y mucho con las de la casta política local. En mitad de una crisis profundísima, Asturias ha perdido un año entre ajustes de cuentas y reyertas políticas. Unión Progreso y Democracia se presenta a ambas elecciones autonómicas con el aval de su actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el resto de instituciones en que está presente, y con un proyecto común para toda España.
En mitad de la campaña electoral, el 19 de marzo, se cumplirán 200 años de la proclamación en Cádiz de la primera Constitución española: la de 1812, conocida por todo el mundo como La Pepa. El simbolismo de la ocasión es innegable. Aquella Carta Magna, una de las primeras de Europa, fue el resultado del esfuerzo conjunto de personas de distinta condición, procedencia y sensibilidad política que aparcaron sus diferencias para centrarse en lo que los unía como españoles y para fundar nada menos que una ciudadanía. El acontecimiento se produjo durante la invasión napoleónica, pero no se hizo desde el nacionalismo ni desde la xenofobia, sino desde el deseo de libertad y el desprecio por la tiranía. De hecho, muchos de los diputados constituyentes sentían una gran simpatía por Francia y su mirada no era provinciana, sino europea y cosmopolita. Simplemente, entendían que España debía tomar las riendas y hacerse dueña de su futuro.
Doscientos años después, y salvando lo que va del absolutismo de entonces al actual Estado de las Autonomías, lo cierto es que España necesita refundar su modelo de país, necesita una reforma de la Constitución que aproveche lo bueno de la actual y ponga remedio a los males sobrevenidos. Necesita centrarse de nuevo en lo que nos une y salir de este tiempo con una democracia más fuerte. Doscientos años después, nuestro Gobierno recibe instrucciones en otro idioma sobre lo que debe hacer, y aunque Europa no es el régimen despótico de Bonaparte sino un remedio contra las tiranías, los españoles esperamos que nuestros gobernantes sean capaces de tener voz propia y liderar las reformas que también necesitan las instituciones europeas. El futuro pasa por una España federal en una Europa federal.
Este viernes 9 de marzo comienza la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Son dos CCAA cuyos ciudadanos llevan mucho tiempo padeciendo la desigualdad provocada por nuestro modelo de Estado, y con las que la crisis económica se ha cebado más duramente que con otras. Uno de los principales motivos por lo que esto es así, es que son dos ejemplos muy acabados de la crisis política que subyace a la económica. Andalucía, tras 30 años gobernada por el mismo partido, ha desarrollado una administración paralela a la Junta, una red clientelar formada por fundaciones, empresas públicas y todo tipo de entes inservibles para los ciudadanos en los que la corrupción se ha propagado como las enfermedades en las zonas de aguas estancadas. Asturias, a pesar de su retraso económico proverbial, está envuelta en luchas partidistas que poco tienen que ver con las necesidades de los asturianos y mucho con las de la casta política local. En mitad de una crisis profundísima, Asturias ha perdido un año entre ajustes de cuentas y reyertas políticas. Unión Progreso y Democracia se presenta a ambas elecciones autonómicas con el aval de su actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el resto de instituciones en que está presente, y con un proyecto común para toda España.
En mitad de la campaña electoral, el 19 de marzo, se cumplirán 200 años de la proclamación en Cádiz de la primera Constitución española: la de 1812, conocida por todo el mundo como La Pepa. El simbolismo de la ocasión es innegable. Aquella Carta Magna, una de las primeras de Europa, fue el resultado del esfuerzo conjunto de personas de distinta condición, procedencia y sensibilidad política que aparcaron sus diferencias para centrarse en lo que los unía como españoles y para fundar nada menos que una ciudadanía. El acontecimiento se produjo durante la invasión napoleónica, pero no se hizo desde el nacionalismo ni desde la xenofobia, sino desde el deseo de libertad y el desprecio por la tiranía. De hecho, muchos de los diputados constituyentes sentían una gran simpatía por Francia y su mirada no era provinciana, sino europea y cosmopolita. Simplemente, entendían que España debía tomar las riendas y hacerse dueña de su futuro.
Doscientos años después, y salvando lo que va del absolutismo de entonces al actual Estado de las Autonomías, lo cierto es que España necesita refundar su modelo de país, necesita una reforma de la Constitución que aproveche lo bueno de la actual y ponga remedio a los males sobrevenidos. Necesita centrarse de nuevo en lo que nos une y salir de este tiempo con una democracia más fuerte. Doscientos años después, nuestro Gobierno recibe instrucciones en otro idioma sobre lo que debe hacer, y aunque Europa no es el régimen despótico de Bonaparte sino un remedio contra las tiranías, los españoles esperamos que nuestros gobernantes sean capaces de tener voz propia y liderar las reformas que también necesitan las instituciones europeas. El futuro pasa por una España federal en una Europa federal.
Por estos motivos, es lógico que un partido inequívocamente nacional, constitucionalista y europeísta - señas de identidad de UPyD - quiera celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812 e invitar a todos los ciudadanos a unirse. El 18 de marzo muchos de sus representantes institucionales, afiliados y simpatizantes se desplazarán a Cádiz en el tren regular que sale desde Madrid a las 8:05 h. A las 13:00 h. tendrá lugar un acto público en el Palacio de Congresos de la capital gaditana en el que intervendrán, entre otros, Rosa Díez, Portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso, y Martín de la Herrán, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Al día siguiente tendrán lugar los actos institucionales, también con presencia de UPyD. El sentido de estas celebraciones sólo puede ser la reflexión serena y sin prejuicios sobre el país en el que vivimos y sobre el país en el que queremos vivir, y recordar que los españoles hemos dado lo mejor de nosotros mismos cuando hemos recordado lo que nos une.
España tiene solución: UPyD lleva proponiendo un modelo de Estado sostenible desde 2007
Desde que el Ministro de Hacienda anunció el lunes 27 de febrero que el déficit del Estado se había elevado hasta el 8,51% en 2011 parecen haber saltado todas las alarmas en España, como si de pronto se hubiera revelado algo que no se supiera hasta entonces. Algunos se negaban a creer que el modelo de Estado hubiera fracasado, bien por miopía o bien porque viven de él y su reforma podría significarles una grave pérdida de influencia o de dinero. Las CCAA están arruinadas y han sido incapaces de poner freno al despilfarro. Ahora se escuchan lamentos impropios de personas con altas responsabilidades y todos los implicados tratan de escurrir el bulto. La realidad les ha caído encima, pero el diagnóstico estaba hecho desde antes, incluso, de que estallara la crisis económica:
Unos servicios [públicos] que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, (...) adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía.
Lo que se preguntan hoy los distintos medios, entre la angustia y la confusión, es cómo hacer sostenible el Estado. Algunas reformas que Unión Progreso y Democracia lleva defendiendo desde su fundación se han ido abriendo camino en el debate público, aunque no sin dificultades.
UPyD publicó en abril de 2010 El coste del Estado autonómico , en el que estimaba que se podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros racionalizando las administraciones lo que pasaba por eliminar organismos superfluos y competencias duplicadas. Pocos meses después hizo público el estudio sobre las entidades locales, en el que se pedía la fusión de municipios y la eliminación de las diputaciones, lo que podría significar una reducción adicional de 16.000 millones. La necesidad de una fiscalidad única estaba en el planteamiento inicial del partido, incluso antes de que la crisis la convirtiera en imprescindible en toda Europa (véase más arriba el extracto del Manfiesto Fundacional).
España tiene solución: UPyD lleva proponiendo un modelo de Estado sostenible desde 2007
Desde que el Ministro de Hacienda anunció el lunes 27 de febrero que el déficit del Estado se había elevado hasta el 8,51% en 2011 parecen haber saltado todas las alarmas en España, como si de pronto se hubiera revelado algo que no se supiera hasta entonces. Algunos se negaban a creer que el modelo de Estado hubiera fracasado, bien por miopía o bien porque viven de él y su reforma podría significarles una grave pérdida de influencia o de dinero. Las CCAA están arruinadas y han sido incapaces de poner freno al despilfarro. Ahora se escuchan lamentos impropios de personas con altas responsabilidades y todos los implicados tratan de escurrir el bulto. La realidad les ha caído encima, pero el diagnóstico estaba hecho desde antes, incluso, de que estallara la crisis económica:
Unos servicios [públicos] que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, (...) adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía.
Manifiesto Fundacional de Unión Progreso y Democracia (2007)
Lo que se preguntan hoy los distintos medios, entre la angustia y la confusión, es cómo hacer sostenible el Estado. Algunas reformas que Unión Progreso y Democracia lleva defendiendo desde su fundación se han ido abriendo camino en el debate público, aunque no sin dificultades.
UPyD publicó en abril de 2010 El coste del Estado autonómico , en el que estimaba que se podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros racionalizando las administraciones lo que pasaba por eliminar organismos superfluos y competencias duplicadas. Pocos meses después hizo público el estudio sobre las entidades locales, en el que se pedía la fusión de municipios y la eliminación de las diputaciones, lo que podría significar una reducción adicional de 16.000 millones. La necesidad de una fiscalidad única estaba en el planteamiento inicial del partido, incluso antes de que la crisis la convirtiera en imprescindible en toda Europa (véase más arriba el extracto del Manfiesto Fundacional).
El control del gasto autonómico - bandera que ahora enarbola el Gobierno con una timidez que la hace inútil - fue reclamado por la diputada Rosa Díez durante la legislatura pasada, obteniendo escaso eco en su momento. Hoy, resulta innegable que en las CCAA está el mayor foco de despilfarro y el gran agujero negro de la economía española. La lucha contra el fraude fiscal o la reforma de la financiación autonómica son otras políticas cuya reforma ha reclamado UPyD y que ayudarían a equilibrar el presupuesto estatal sin tocar los pilares básicos del Estado de Bienestar, aquellos que garantizan la igualdad de todos los españoles.
En resumen, el Estado está en quiebra y no valen parches. Ahora, algunas CCAA empiezan a pedir que la Administración Central recupere competencias. UPyD ya reclamaba en su Manifiesto Fundacional que educación y sanidad fueran exclusivas de dicha Administración. Seguirá insistiendo y ya ha presentado una moción para frenar el despilfarro y las duplicidades. La crisis está convirtiendo en inevitable lo que antes era tabú. Estamos ante la oportunidad de afrontar una reforma constitucional que asegure la viabilidad política y la sostenibilidad económica de España.
La diferencia de UPyD con el resto de partidos es que no pretende ser coherente con una ideología totalizante, sino con la realidad; y que no pretende mantener un statu quo en defensa de sus propios intereses, sino defender los principios de igualdad y libertad.
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